El atentado contra la AMIA, que no ha sido esclarecido 20 años después de haber sido perpetrado, volvió a convertirse ayer en el campo de una batalla judicial y política. La metáfora es desafortunada, pero inevitable: la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra varios encumbrados funcionarios y dirigentes del oficialismo, entre los que se encuentra Cristina Kirchner, por haber negociado con Irán la provisión de petróleo a cambio de la impunidad de los acusados por el ataque terrorista, es una bomba de profundidad.
Sus efectos irán aflorando con los días. Tiene, por supuesto, una gravedad institucional extrema: ningún jefe de Estado en ejercicio fue acusado de ser cómplice de un atentado terrorista.
También afecta la fisonomía internacional del país. Es un nuevo eje para la campaña electoral. Y abre una hendija hacia el submundo del espionaje, donde distintas facciones del oficialismo tramitan un indescifrable ajuste de cuentas. Sin embargo, si se lo pudiera leer con los ojos de las víctimas, los de quienes fueron inmolados el 18 de julio de 1994, los de sus familiares, los de sus amigos, el escrito de Nisman es una demostración más, si faltaba alguna, de que la denegación de justicia ha transformado al de la AMIA en un crimen en cámara lenta que no termina de consumarse.
La presentación del fiscal Nisman es relevante no porque altere, sino porque verifica de manera escandalosa lo que ya se conocía. La suspensión de las investigaciones por la destrucción de la mutual judía había sido denunciada por el fallecido Pepe Eliaschev en marzo de 2011, cuando descubrió las negociaciones de Héctor Timerman con el régimen de Mahmoud Ahmadinejad. Esa primicia se confirmó con el pacto con Irán, que prevé que una Comisión de la Verdad integrada por los propios iraníes revisaría el expediente.
La novedad de Nisman es que denuncia como encubridores del atentado y pide que se indague a la Presidenta, al canciller, al diputado Andrés «Cuervo» Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia (SI), a los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y al iraní Jorge Yussuff Khalil. Además de esa frontera procesal, Nisman mueve otra, informativa: sobre la base de información de inteligencia, explica que la señora de Kirchner modificó las relaciones con Irán para obtener petróleo en medio de la crisis energética. Según Nisman, ella dio la orden de desviar las pesquisas judiciales para conseguir crudo a cambio de granos. La condición del régimen de Ahmadinejad para ese trueque, que Timerman habría aceptado, era que se cancelaran en Interpol los pedidos de captura de los imputados iraníes.
Si ese objetivo no se produjo, sostiene Nisman, fue por la resistencia de esa agencia internacional. Así se explicaría que Teherán no haya ratificado el entendimiento, como admitió Cristina Kirchner en septiembre de 2013 ante la ONU. Nisman ayuda a descubrir, con pruebas muy persuasivas, las intenciones del misterioso giro frente a Irán. Son las mismas que habían señalado la oposición y la prensa independiente cuando se conoció ese pacto.
Las acusaciones de Nisman alcanzan a numerosas figuras del poder. La Presidenta, quien habría montado una diplomacia paralela cuyos gerentes serían los demás imputados. D’Elía, por ejemplo, aparece en una conversación telefónica asegurándole al iraní Khalil que la Presidenta ya había autorizado la conciliación. Pero también quedan salpicados Oscar Parrilli, el nuevo secretario de Inteligencia, que habría informado a D’Elía del acuerdo con Teherán; Julio De Vido, que realizaría el intercambio comercial; Miguel Galuccio, que haría intervenir a YPF, una empresa de tiene como accionistas a fondos estadounidenses, en pacto, y hasta el general César Milani, ya que se planeaba vender armas.
La denuncia plantea varias incógnitas institucionales. Fue radicada en el juzgado de Ariel Lijo, quien ya procesó a Amado Boudou por la compra de Ciccone. Como Lijo está de vacaciones, lo subroga María Servini de Cubría, que en 2013 declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el que abrirá la jugada es el fiscal Diego Iglesias, que quedó a cargo de la pesquisa. Es el funcionario con quien Alejandra Gils Carbó reemplazó a Guillermo Marijuan en la fiscalía de la seguridad social.
Un episodio acaso permita vislumbrar el destino de la denuncia de ayer: hace más de un año el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, fue puesto al tanto por personal de la SI sobre algunas pruebas decisivas contra los iraníes.
Nisman pone énfasis en que Cristina Kirchner utilizó a espías de la SI que se comunicaban con el diputado «Cuervo» Larroque y con el piquetero D’Elía para que, a su vez, ellos informaran sobre el plan de impunidad a los iraníes. ¿Relevará la Presidenta a esos espías del secreto profesional para que declaren en la causa? Si no lo hace, fortalecerá las sospechas. Si lo hace, se expondrá a que esos agentes aleguen que recibían órdenes de ella.
Las imputaciones de Nisman tienen una gran verosimilitud. Innumerables movimientos externos del Gobierno podrían encontrar en ellas una buena explicación. Además del cambio de postura frente a Irán, se aclararían otras piruetas. Por ejemplo, que la Argentina haya dejado de presidir el organismo especializado en terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU, como acaba de señalar el embajador Roberto García Moritán. O que se pusiera tanto empeño en incorporar a Sergio Berni al consejo de Interpol, sacrificando candidaturas más relevantes, como la de Susana Ruiz Cerruti a la Corte de La Haya. ¿Fue para que Berni tramite la derogación de las alertas rojas excluyendo a la Policía Federal? Misterios.
Hay otra conducta del kirchnerismo sobre la que Nisman estaría echando luz: la ambivalencia ante la masacre de Charlie Hebdo. Timerman se comportó con una indefinición digna de Daniel Scioli en sus vinculaciones con Clarín: firmó el libro de condolencias, pero ni siquiera contestó la invitación francesa a sumarse a las autoridades en la marcha de repudio; envió en su lugar a la embajadora en París, aunque participó de la manifestación como simple ciudadano.
El fiscal del caso AMIA tuvo un gran sentido de la oportunidad. O, como recomienda la licenciada Saintout, del contexto: la incriminación de encubrir un atentado iraní encuentra a Cristina Kirchner sumergida en una nube de ambigüedad en relación con el terrorismo islámico.
Parada sobre la denuncia de Nisman, la oposición reforzó sus viejas acusaciones. Hasta Sergio Massa y Elisa Carrió coincidieron. El Gobierno reaccionó como de costumbre. Scioli dijo que lo que se le atribuía a la Presidenta era «inconcebible», lo que no siempre significa «falso». Randazzo reprochó la neutralidad. El entrerriano Urribarri alertó contra un golpe. Y Aníbal Fernández propuso, como de costumbre, un argumento ad hominem. Dijo que la recriminación de Nisman era una venganza de Antonio «Jaime» Stiusso, el espía desplazado por Parrilli de la SI. Es muy probable que sea cierto. Pero eso no atenúa el rigor de los reproches. Sólo explicita una puja de poder. Fernández corrobora que la causa AMIA es, desde su origen, el campo de combate de los servicios de inteligencia, como quedó demostrado cuando se designó como segundo de Parrilli a Juan Martín Mena, un estudioso de ese caso.
Ahora falta una explicación de la Presidenta. De ella, que recurre a Twitter para justificar los negocios de Hotesur o presentar una mascota, debe esperarse una aclaración cuando se le imputa encubrir el mayor crimen de la historia.
El activismo de los espías, que otorga al expediente el aspecto de arenas movedizas, inspira interrogantes sobre la jugada del fiscal. ¿Por qué denunció recién ayer episodios que fueron detectados hace tiempo? ¿Se podría haber evitado lo que ahora se ventila si se hubieran expuesto estas novedades mucho antes? ¿O hubo que esperar, como quiere Fernández, la jubilación de Stiusso? ¿O que Gils Carbó estuviera a punto de remover a Nisman?
También cabe preguntar si Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, las anteriores autoridades de la SI, informaron a la Presidenta lo que estaba sucediendo, aun cuando ella estuviera involucrada. Sobre todo si, como sostiene Nisman, esa secretaría estaba infiltrada por los iraníes. El fiscal denunció a su ex colega Héctor Yrimia por haber colaborado en armar una pista falsa. Y arguye que Yrimia, que otrora tuvo a su cargo la investigación, puede hacer coincidir el nuevo relato con la prueba que consta en el expediente. Si fuera así, ¿Yrimia estaba elaborando una patraña o logró demostrar una pista alternativa?
La denuncia de Nisman es un homenaje póstumo a Eliaschev. Un homenaje paradójico porque, cuando el mismo fiscal le tomó declaración, dejó trascender que el periodista no logró justificar el acuerdo con Irán que había publicado.
Desde la oficina de Nisman organizaron la información con un criterio político. Se explicó, por ejemplo, que para iniciar negociaciones con Teherán la Presidenta debió esperar a que muriera su marido, que representaba un escollo para esa marcha atrás. Esa explicación, montada en la premisa albertofernandiana «esto con Néstor no pasaba», parece elaborada a la medida del massismo. Pero tiene deficiencias. La posición oficial frente al caso AMIA fue, en todas sus versiones, competencia de la esposa en la división matrimonial del trabajo. Y D’Elía hablaba con el principal imputado de la masacre, Moshe Rabbani, como consigna Nisman, en vida del ex presidente. No lo hacía en secreto. Lo entrevistaba por una radio financiada por el Gobierno.
Estos detalles permiten sospechar que la aguja de la verdad sobre el tristísimo atentado contra la AMIA está perdida en un pajar de manipulaciones. La prueba más contundente es que Cristina Kirchner es el segundo presidente acusado por encubrir ese ataque. El primero fue Menem. A ella se la acusa de querer salvar a los iraníes. A Menem, de querer involucrarlos. Ambos casos fueron promovidos por el mismo fiscal, Nisman; ante el mismo juez, Lijo, y con el soporte del mismo equipo de espionaje.
Fuente: Diario “La Nación”
Por: Carlos Pagni
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