La diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley, quien presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, aseguró que el recurso para destituir al magistrado no había tenido que ver con la aceptación del per saltum que detuvo los traslados de tres jueces federales, sino que había estado relacionado a «varias causas» vinculadas a delitos de lesa humanidad. «El pedido lo hicimos el 25 de septiembre, cosa que es importante destacar, y tampoco buscamos que salga en los diarios ni lo publicamos en ningún lado», destacó.
«Sería importante que la Corte atienda otras materias, además de intereses de los grupos poderosos de la Argentina», sostuvo Siley en declaraciones radiales, en las que cuestionó con dureza el vínculo del titular de la Corte Suprema de Justicia con la familia de Carlos Blaquier, empresario acusado de haber sido cómplice civil de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Siley se refirió a la causa que investiga la responsabilidad de Blaquier en la llamada «Noche del Apagón» de 1976, episodio en el se apagaron las luces de las localidades jujeñas del Libertador General San Martín y Calilegua (zonas de influencia de los dueños del ingenio Ledesma) y los militares secuestraron a más de 400 personas, de las cuales hoy continúan desaparecidas unas 55: «Rosenkrantz no avanzó ni un centímetro en la causa», denunció.
Siley, quien es también integrante del Consejo de la Magistratura, negó que el pedido de juicio político estuviera relacionado con la aceptación del per saltum que detuvo los traslados de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, y subrayó que «son varias las causas» sobre las que se cimentaba su pedido, en particular su accionar respecto «a los 2×1 entregado a represores de la última dictadura». «Esto tiene que ver con los intereses: ¿a qué intereses debe defender un magistrado? ¿Cuál es su función, a qué debe abocarse como funcionario público?», se preguntó Siley, y reflexionó: «Los intereses del bien general, del bien común de la sociedad toda, la igualdad ante la ley; eso es la función primordial de un magistrado; eso es la independencia».
Fuente: Página/12
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